La Dirección General de Aduanas (DGA) dio a conocer hoy una maniobra realizada por empresas importadoras, una de las cuales llevó a cabo una operación sin los requisitos de validación correspondiente mediante una medida cautelar y luego «cedió» esa autorización a otra firma.
La maniobra fue criticada en redes sociales por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien mencionó en su cuenta de Twitter el «funcionamiento judicial y empresario» que facilitó su concreción.
La operación fue denunciada el viernes 15 de julio por la DGA, que detalló las maniobras realizadas por la empresa Yoko, que luego «transfirió» la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería, en lo que caracterizó como un «alquiler de cautelares».
La vicepresidenta se hizo eco de la denuncia de la Aduana y planteó en un tuit: «¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía».
De acuerdo con la denuncia presentada, la firma obtuvo autorizaciones judiciales, vía medidas cautelares, para importar mercadería salteándose el requisito de validar la declaración del SIMI
Fernández de Kirchner remató su comentario asegurando que «con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible».
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República argentina (CIMA), Rubén Pallone, quien en un comunicado manifestó el repudio por parte de la entidad de «cualquier maniobra ilícita en términos de comercio exterior, toda vez que dichas maniobras distorsionan el mercado, produciendo situaciones injustas para el conjunto de las empresas del sector, además del daño a todos los argentinos».
La DGA denunció ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una maniobra de importación por parte de Yoko sin el requisito de validación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que luego «cedió» la autorización a otra firma.
De acuerdo con la denuncia presentada, la firma obtuvo autorizaciones judiciales, vía medidas cautelares, para importar mercadería salteándose el requisito de validar la declaración del SIMI.
En un comunicado, la Aduana señaló que Yoko «luego ‘cedió’ la autorización a otra firma, Tropea, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia, para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada».
La denuncia se presentó el viernes 15 de julio en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Número 8, a cargo de Osvaldo Otheguy.
En el escrito, la DGA denunció que Yoko no utilizó la «cautelar» en los términos que la obtuvo y que «transfirió» la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea.
Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una «contrato» de autorización para comercializar la marca «Tropea» solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, en el período en el que la mercadería debía ser nacionalizada con el SIMI preautorizado por Yoko.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado
«En términos llanos, Yoko le ‘alquiló’ la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería» y en definitiva la primera de las empresas mencionadas «funcionó como una usina de SIMI».
«La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado», señaló el director general de Aduanas, Guillermo Michel.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado.
Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la Justicia en lo Penal Económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.
El SIMI es definido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como «un instrumento que facilita el intercambio de información con los organismos externos que participan en el desaduanamiento de las mercaderías y adhieran a la Ventanilla Única de comercio Exterior Argentino (Vucea)».
El sistema «fue creado para hacer sencillo, ágil y transparente el procedimiento administrativo necesario para monitorear las importaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad básicas de los productos importados», añadió.
